lunes, 9 de diciembre de 2013

MARTÍNEZ, GÁMEZ E ISOFOTÓN


Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos Martínez, que trabajó en el gabinete del consejero Vallejo, y ex director del gabinete de Zarrías, fue el que gestionó el asunto de las ayudas millonarias de Isofotón. Curiosamente, María Gámez es la esposa de Juan Carlos y cuñada de Bienvenido. Como vemos todo queda en familia. Y vaya familia.

A día de hoy, la ex Delegada de innovación del gobierno andaluz no ha podido explicar qué pasó con los 59 millones de euros que le fueron concedidos a la empresa, una cifra a la que hay que añadirle 29 millones en ayudas directas para mantener el empleo y, otros 30 en los que el gobierno andaluz actuó de avalista. Tampoco ha podido responder Gámez al hecho de que ese dinero en vez de asegurar los empleos, ha servido para despedir a los trabajadores.

Otro misterio es el papel que desempeñaron Juan Carlos Martínez y el que fuera Delegado del Gobierno en Málaga y gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), José Luis Marcos, en la concesión de esas ayudas millonarias. Y no lo sabemos porque ni los interesados hablan, ni los intentos de la oposición por crear una comisión de investigación han dado resultado ante las negativas de socialistas y comunistas en el parlamento de la taifa andaluza. También es un enigma, las causas que llevaron a la concesión de una ayuda de 5 millones de euros para la construcción de un Centro Tecnológico en el PTA que nunca llegó a realizarse. En su defecto, se construyó un edificio de oficinas que luego fue dedicado al alquiler a empresas tecnológicas.

Comisiones Obreras detectó en la documentación de dicho expediente presuntas irregularidades entre las distintas empresas que forman el grupo empresarial al que pertenece Isofotón, donde se demuestra que hay desvíos de dinero de hasta 100.000 euros. Por lo tanto, queda clara la descapitalización de la empresa malagueña. En este punto, cabe preguntarse por las razones por las que María Gámez y su marido no hicieron nada por controlar el dinero que tan alegremente destinaba la Junta a la empresa en cuestión.

Todo indica que el dinero de los contribuyentes andaluces ha sido utilizado para abrir una planta en Estados Unidos y otra en Ecuador. Al menos eso es lo que se teme la oposición que trata de fiscalizar la acción del gobierno. También es evidente que la Junta concede millones de euros con fines específicos y luego no se interesa por el uso del dinero público. Es una costumbre muy negativa que también se da en todos los casos de ERE fraudulentos.

Las consecuencias son preocupantes. Y es que la empresa pretende repartir 220.000 eruos entre los 350 trabajadores de Isofotón  a cambio de que la plantilla abandone la huelga y  complete los pedidos pendientes. De aceptar, cada empleado cobraría 628 euros, cantidad ciertamente ridícula. Los trabajadores piden que los echen ya de una vez.

Las conclusiones son claras; María Gámez destruye todo lo que toca con la colaboración inestimable de su pareja sentimental. No le bastó con arruinar a los comerciantes de Callejones del Perchel con sus continúas promesas de abrir las calle, que no cumplió. Como en el caso de Isofotón, la excusa para no cumplir era que no había dinero para terminarlas. El resultado, como vemos, es siempre el mismo; incompetencia y pérdidas millonarias. Y todo sin ninguna explicación convincente.

Hay que recordar al personal que Juan Carlos Martínez es miembro del clan de Zarrías de Jaén.  El de la Carolina ha tenido grandes maestros. Uno de ellos fue Clemente García Valera involucrado en un delito de malversación de fondos públicos. Al parecer, este señor estaba autorizado para firmar los cheques al ser Delegado de la Junta en Almería que, durante dos años siguió con poder de firma, a pesar de no tener ya ningún cargo en la delegación. Aquí encontramos otra coincidencia con el caso de los ERE, la Junta se persona en el caso como perjudicada, cuando todo indica que conocía el entramado.

Por lo tanto, creo no equivocarme que María Gámez le ha hecho un gran daño a Málaga y a sus trabajadores. Su escaso talento, su romo instinto para la política se unen a su cuestionable manera de tirar el dinero público. Hace algún tiempo demostré que la hija del farero con menos luces que un barco pirata  montó su oficina electoral en la Delegación del gobierno andaluz en Málaga e, incluso, tuvo a su hermano Arturo llevándole la campaña de forma fraudulenta en la citada Delegación. Una prueba más de que usa los cargos en beneficio propio y contra el interés general.

La Justicia tiene que investigar a esta pareja a fondo para determinar el alcance de sus actividades. Una justicia que según el propio Juan Carlos Martínez es injusta si es desmedida. Una forma de decir que sólo es buena cuando le es favorable a los intereses de la secta socialista. En cualquier caso,  Málaga no puede pasar por alto que personas que nunca destacaron en el mundo de los negocios, puedan otorgar millones de euros a entidades sin control alguno. Hemos de encontrar la manera de echar de la política a esta pandilla de incompetentes que con toda la desvergüenza de la que son capaces, nos pretenden dar lecciones de democracia. No hace falta tener un diploma en ingeniería óptica para saber que no hay nadie en la Junta de Andalucía que practique la honradez.

¡Señorías, a por ellos!

Sergio Calle Llorens

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